La Paz, 26 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los16 días de activismo contra la violencia de género, la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) reconoce que la violencia digital se está intensificando a escala mundial, afectando desproporcionadamente a mujeres, adolescentes y niñas, quienes carecen de protección jurídica frente a esta nueva expresión de la violencia en línea. Este año, la campaña global ÚNETE exige un mundo en el que la tecnología sea una herramienta para la igualdad y el empoderamiento, no un espacio de daño y discriminación, como es la violencia facilitada por la tecnología.Actualmente, la violencia digital, adopta múltiples formas y se expresa de manera diferente en las distintas etapas de la vida de las mujeres: acoso en línea, ciberacecho, doxeo (revelación de información personal), difusión no consentida de imágenes, deepfakes, desinformación de género y otras prácticas que buscan silenciar, intimidar y controlar a mujeres, adolescentes y a las niñas. La expansión de estas violencias se ve potenciada por el anonimato, la ausencia de leyes eficaces y el uso malintencionado de tecnologías como la inteligencia artificial.Datos de la UNESCO muestran que 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. De acuerdo con datos del Banco Mundial, menos del 40% de los países cuenta con leyes que protegen a las mujeres del ciberacecho o del ciberacoso, lo que deja a millones de de mujeres y niñas en el mundo sin ninguna protección jurídica frente a estos delitos. La violencia digital que sufren las niñas y adolescentes es particularmente dañina porque ataca en una etapa crucial de formación de identidad y desarrollo emocional.Las mujeres que ejercen liderazgo —incluidas periodistas, políticas, empresarias y defensoras de derechos humanos— enfrentan ataques especialmente graves. Se registran deepfakes, acoso coordinado y campañas de desinformación basadas en estereotipos de género cuyo objetivo es expulsarlas de los espacios digitales y, en muchos casos, de la vida pública. A nivel global, una de cada cuatro periodistas reporta amenazas de violencia física en línea, incluidas amenazas de muerte.Aunque persisten graves brechas, algunos países como Bolivia, han avanzado con reformas relevantes, como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.  Hasta 2025, 117 países reportaron iniciativas para combatir la violencia digital; sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo fragmentados y no responden a la naturaleza transnacional del problema.Los sistemas judiciales continúan insuficientemente equipados, las denuncias son escasas y las plataformas tecnológicas rara vez rinden cuentas, especialmente ante los abusos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial. Para contrarrestar esta problemática, es necesario:Promover marcos legislativos que aborden la violencia de género facilitada por tecnología, a través de asignación presupuestaria suficiente para su efectiva implementación y rendición de cuentas.Invertir en prevención, alfabetización digital, seguridad en línea y programas que enfrenten las normas sociales de género desiguales y las dinámicas de poder.Desarrollar programas y servicios de respuesta centrados en las sobrevivientes para combatir la violencia digital a lo largo de la vida y asegurar su protección y el acceso a la justicia.Exigir al sector tecnológico respeto y responsabilidad con los derechos humanos, adoptando medidas como la moderación de contenidos, transparencia algorítmica y mecanismos efectivos de reporte y respuestas eficientes a denuncias de violencia facilitada por la tecnología, en el marco de estándares éticos. Hasta que el espacio digital sea seguro para todas las mujeres y niñas, la igualdad real seguirá siendo inalcanzable. ONU Bolivia reafirma su compromiso con la construcción colectiva de entornos digitales libres de violencia, inclusivos y seguros para todas las personas, donde todas las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos.

La Paz, 17 de junio de 2025.- El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en referencia al informe “Puntos críticos sobre el hambre: Alertas tempranas sobre la inseguridad alimentaria aguda. Perspectiva de junio a octubre de 2025” (Hunger Hotspots: FAO-WFP [1] Early Warnings on Acute Food Insecurity June to October 2025), publicado el 16 de junio de 2025, aclara lo siguiente:El informe conjunto ofrece un análisis prospectivo sobre las tendencias y factores que potencialmente influenciarán la inseguridad alimentaria aguda en el mundo, entre junio y octubre de 2025.El informe no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en Bolivia. Cabe indicar que hambruna es un término técnico con criterios específicos como la proporción de población con hambre extrema, emaciación infantil y tasas de mortalidad, criterios que no aplican en el caso boliviano.El informe identifica 13 países donde la situación del hambre está empeorando, incluyendo cinco con riesgo inmediato de hambruna: Sudán, Palestina, Sudán del Sur, Haití y Mali. El Estado Plurinacional de Bolivia no figura entre los 13 países de mayor preocupación de inseguridad alimentaria.El Sistema de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y socios, reconocen los esfuerzos del país, el compromiso del gobierno nacional en la materia y mantendrán su apoyo a las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la producción agropecuaria, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.-----------------[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA, WFP en sus siglas en inglés).

El anuncio reciente de Meta de que va a revisar sus políticas sobre moderación de contenidos y verificación de los datos debería alarmar a todas aquellas personas a las que les preocupa la libertad de expresión.  Aunque estos pasos van dirigidos a proteger la libertad de expresión, resultarán afectando a muchas personas y comunidades. Meta anunció que va a examinar su proceso de moderación automática de contenidos para limitar exclusivamente lo que denomina violaciones de extrema gravedad, como aquellas relacionadas con el terrorismo.  Este hecho sumado a políticas adoptadas por otras empresas, entre las que se incluyen Telegram y X (anteriormente conocida como Twitter), provocará probablemente que emerjan contenidos mucho más ofensivos y llenos de odio en algunas de las plataformas de redes sociales de mayor tamaño del mundo.  Algunos de estos contenidos irán dirigidos contra comunidades marginadas, entre las que se incluyen las personas LGBTIQ+, los refugiados, los migrantes, así como minorías de todo tipo.  Esto conducirá a que estas comunidades terminen abandonando estas plataformas, lo que limitará su visibilidad, les aislará aun más, y terminará reduciendo su libertad de expresión. En un sentido más amplio, todos estos cambios conllevarán daños que irán más allá de personas y grupos específicos.  La libertad de expresión requiere no solo que las personas puedan ser capaces de expresar sus puntos de vista, también debe suponer que las personas puedan buscar y recibir ideas e información.  Unas plataformas de redes sociales con una regulación insuficiente restringen esta libertad de varias maneras.  Al silenciar a algunas personas y comunidades, se limita el alcance de información disponible para todo el mundo. Y al permitir que proliferen las mentiras y la desinformación, enturbian el propio entorno donde se recibe información. Difuminan la línea que separa los hechos de la ficción, fracturando a las sociedades y erosionando el espacio público, tan necesario para el debate abierto, el cual se basa en hechos y en una interpretación básica y común de la realidad. El considerable incremento en el volumen de contenido sin moderar y de discurso de odio que se producirá a raíz de estos cambios será dañino en todo momento. Y sobre todo podría tener consecuencias especialmente desastrosas en tiempos de conflictos, crisis, y campañas electorales, lo que afectará a cientos de millones de personas independientemente de si son usuarios o no de estas plataformas.  Acabo de volver de Siria, donde fui testigo de la toxicidad que destila la desinformación por venganza, la cual conduce a actos de violencia. De hecho, en 2018, la propia plataforma Facebook reconoció que no había hecho lo suficiente para prevenir que su red fuera usada para fomentar la división e incitar a la violencia contra los Rohingya en Myanmar.  Facebook reconoció que puede y debe mejorar a este respecto.  Existen otros ejemplos parecidos.  Campañas electorales en todo el mundo han demostrado también que la ausencia de gobernanza basada en derechos en los entornos donde operan las redes sociales puede crispar la cohesión social y distorsionar la toma de decisiones democrática. Durante los últimos años, en campañas electorales en Brasil, Kenya, Moldova y Rumanía, ha habido denuncias de difusión de desinformación y contenidos con mensajes de odio en plataformas de redes sociales.   En tales circunstancias, resulta fundamental que las empresas lleven a cabo procesos de diligencia debida en derechos humanos, y que los Estados aseguren que los espacios de debate en línea y fuera de línea sigan siendo libres y abiertos para todo el mundo.   La moderación de contenidos no es fácil, y puede ser un asunto controvertido. Mi Oficina ha hecho sonar la alarma en casos de una aplicación demasiado estricta, por ejemplo, cuando los Estados han hecho uso de leyes y políticas para silenciar voces discrepantes e impedir la llegada de material no deseado al dominio público.  Además, por citar solo un ejemplo, varias organizaciones de la sociedad civil documentaron recientemente la eliminación de material sobre derechos de la población palestina en plataformas de redes sociales.  No obstante, regular el discurso de odio en línea y moderar los contenidos para evitar daños reales no equivale a censurar.  Representa un elemento esencial para la integridad de la información en la era digital, además de ser responsabilidad de las plataformas de redes sociales.  La comunidad internacional cuenta ya con un marco que nos guíe a través de estas cuestiones: la normativa internacional de derechos humanos.  Este conjunto de normas y reglas acordadas tiene por objeto precisamente proteger todas las libertades, para todas las personas, a la vez que previene la incitación al odio y la violencia.  Es un conjunto universal, dinámico, y puede adaptarse a cuestiones emergentes.Los derechos humanos no pueden ser tema de debate ni están abiertos a una nueva definición.  Nuestra libertad de expresión se ganó, mediante años de protestas contra la censura y la opresión.  Debemos permanecer alertas para salvaguardarla.  Esto supone abordar la incitación al odio y la violencia cuando esta vulnera la ley, así como proteger el derecho de todo el mundo al acceso a información, para que de ese modo las personas puedan buscar y recibir ideas provenientes de una amplia gama de fuentes distintas. Las lecciones aprendidas en años recientes son claras: las plataformas que permanezcan ciegas a la violencia y que ignoren las amenazas que se ciernen sobre periodistas y personas defensoras de derechos humanos inevitablemente socavarán  la libertad de expresión.   Una gobernanza efectiva de los contenidos debe dar prioridad a la transparencia, la responsabilidad, y facilitar la capacidad de cuestionar las decisiones que afecten a la moderación de contenidos.  Ha de tener en cuenta el contexto, los matices que implican los idiomas locales, y quién está controlando los contenidos y su distribución.   En resumen, debe tener en consideración un entorno más amplio de la información.  Una gobernanza efectiva de los contenidos en línea solamente podrá producirse a partir de debates abiertos, constantes y bien informados en toda la sociedad. Mi Oficina seguirá demandando y trabajando en pro de la rendición de cuentas en el espacio digital, de conformidad con la normativa de derechos humanos. Los derechos humanos deben servir como nuestra brújula para salvaguardar el discurso público, generar confianza y proteger la dignidad de todas las personas.

La Paz, 26 de junio de 2024.- La Oficina de Naciones Unidas en Bolivia expresa su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que amenazan la estabilidad democrática del país. Hacemos un llamado urgente a todos los actores de la sociedad boliviana, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a actuar con responsabilidad, mesura y apego a los valores democráticos que han sido arduamente construidos y defendidos a lo largo de los años.Exhortamos a la preservación de un clima de paz y la garantía de los derechos humanos, recordando la importancia de resolver las diferencias a través de los mecanismos institucionales y democráticos establecidos. La democracia se fortalece mediante la participación y el respeto a las normas que rigen la convivencia pacífica. Es momento de que todos los actores eviten discursos y acciones que puedan exacerbar las tensiones.A la ciudadanía boliviana le pedimos mantener la calma y actuar con prudencia. La paz social y la estabilidad del país dependen de la capacidad de todas y todos para enfrentar las dificultades con serenidad y firmeza en los valores democráticos. La Oficina de Naciones Unidas en Bolivia reitera su disposición para apoyar al país en estos momentos difíciles y su compromiso para facilitar el diálogo y asegurar que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los bolivianos y bolivianas. Recordamos que la paz, la democracia y los derechos humanos son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar.