Misión en Bolivia de OACNUDH en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura

La Paz, Bolivia, 25 de junio de 2020.- En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que por Resolución de la Asamblea General de la ONU se observa el 26 de junio, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechaza la comisión de todo acto de tortura y manifiesta su solidaridad con las personas que han sido objeto de tan lacerante práctica.

La tortura es una grave violación a los derechos más elementales del ser humano. Su prohibición es absoluta y los Estados están obligados a adoptar aquellas medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar su comisión, así como para reparar de manera integral a las víctimas1.

La obligación de prevenir es fundamental y el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), como Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, debe fortalecerse, contar con autonomía plena del Ministerio de Justicia y ejercer al máximo sus atribuciones, tal y como lo han recomendado los mecanismos internacionales de derechos humanos2. En la actual coyuntura causada por la pandemia del COVID-19 y sobre la base de lo establecido en normas internacionales y nacionales, el SEPRET debe realizar visitas periódicas a centros de privación de la libertad, formular recomendaciones a las autoridades competentes, documentar casos de tortura y malos tratos y presentar las denuncias correspondientes. Hoy, su misión institucional es aún más relevante.

El hacinamiento carcelario es considerado, al menos, como un trato cruel, inhumano o degradante. Bolivia cuenta con una de las tasas más altas de sobrepoblación carcelaria en la región. Por tanto, es urgente que se abata el hacinamiento y se garanticen las condiciones de dignidad al interior de los centros de privación de la libertad. Lo anterior cobra mayor relevancia ante la pandemia del COVID-19. Resulta apremiante, en este sentido, que las autoridades competentes desplieguen a plenitud las acciones pertinentes para reducir la población penitenciaria, privilegiando las medidas no privativas de la libertad y haciendo de la detención preventiva una medida cautelar de aplicación excepcional y por el menor tiempo posible. Preocupa a la Misión el menguado impacto que ha tenido el Decreto de Indulto y Amnistía adoptado en mayo, por lo que se exhorta al Estado a acelerar su aplicación, extremar sus alcances y complementar las acciones tendientes a despresurizar el sobrepoblado sistema carcelario. De igual forma, deben fortalecerse las medidas de protección y bioseguridad al interior de los centros de privación de la libertad para evitar la propagación del virus, sobre todo en resguardo de aquellos grupos poblacionales en mayor situación de riesgo.

El Estado también tiene la obligación de investigar todo acto de tortura y maltrato. La impunidad es el principal incentivo reproductor de aquellas conductas que afectan la dignidad e integridad de las personas. Es necesario, por ende, crear las capacidades institucionales para documentar los casos de tortura y malos tratos, brindar protección a las víctimas y sancionar a las personas responsables con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad.

La OACNUDH reconoce a las organizaciones de la sociedad civil que combaten la tortura y los malos tratos en Bolivia y les alienta a seguir adelante con tan noble y necesaria labor. Las autoridades deben reconocer su trabajo y brindarles las condiciones apropiadas para materializar sus objetivos.

Finalmente, la OACNUDH ofrece al Estado boliviano su asistencia y cooperación técnicas para combatir una práctica que trastoca la dignidad del ser humano y que debe erradicarse en estricto apego a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.