El dividendo de la integridad informacional: El valor de saber

Por David Walmsley, Presidente del Foro Mundial de Editores, Redactor Jefe de The Globe and Mail | Mariya Gabriel, Subdirectora General de Comunicación e Información de la UNESCO | Liz Corbin, Directora de Noticias de la Unión Europea de Radiodifusión.

No nos falta información. Nunca hemos tenido tanta. Sin embargo, en todo el mundo, las personas luchan por responder a las preguntas más simples: ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién decidió qué? ¿Es cierto?

Esta es la paradoja de nuestra era. Las sociedades más conectadas de la historia son también algunas de las más vulnerables a la confusión, la manipulación y la desconfianza. La información se mueve más rápido que la rendición de cuentas. Los algoritmos premian la indignación antes que la precisión. La inteligencia artificial genera falsedades verosímiles a gran escala. En un entorno así, el derecho a saber no es solo una cuestión de transparencia; es el latido de la libertad.

Sin una comprensión precisa de lo que está sucediendo y de lo que se hace en su nombre, la niebla del engaño se espesa, y los actores de mala fe pueden desinformar con impunidad.

La sociedad es más vulnerable cuando se niega el acceso a la información. Access Now y la coalición #KeepItOn documentaron 313 cortes de internet en 52 países en 2025, la cifra más alta jamás registrada. Estos cortes bloquean el periodismo, silencian a las comunidades y niegan a las personas información que puede llegar a salvar vidas.

Las leyes de acceso a la información son un pilar de la integridad de la información, y el último monitoreo de la UNESCO muestra avances. Su encuesta de 2025 mostró que 141 países cuentan con garantías legales de acceso a la información. Pero la adopción no equivale a la implementación, y muchos países aún enfrentan brechas prácticas en supervisión, apelaciones, aplicación de la ley, gestión de registros y de datos. De los países encuestados, 51 no pudieron aportar datos sobre la gestión de registros, pese a haber declarado contar con sistemas o procedimientos establecidos.

Los órganos reguladores de acceso a la información y otros órganos de supervisión convierten las disposiciones legales en derechos exigibles. Sin embargo, muchos de ellos se ven limitados por mandatos débiles, nombramientos tardíos, recortes presupuestarios, injerencia política, restricciones a sus facultades y ataques a su independencia. Para que el acceso a la información funcione, estos órganos deben estar protegidos por ley, contar con facultades y recursos adecuados, y quedar resguardados frente a influencias indebidas.

Esta brecha fue confirmada además por una prueba de 2025 sobre las leyes de acceso a la información, realizada conjuntamente por la UNESCO y el Centre for Law and Democracy. A partir de 146 solicitudes idénticas presentadas en 76 países, el 38 % no recibió una respuesta sustantiva, solo el 42 % resultó en divulgación completa, y el tiempo de respuesta promedio fue de 22 días. Este año se repetirá un ejercicio similar para medir posibles cambios.

El acceso a la información debe evolucionar, pero las deficiencias son evidentes en todas partes, incluso en países con legislación bien intencionada.

Y en un vacío informativo, el periodismo valiente e independiente resulta indispensable. El periodismo destila la información en comprensión pública. Investiga, interroga, corrobora y contextualiza, pero también contrarresta la desinformación. Formula preguntas que algunas partes preferirían evitar. Y ofrece a la ciudadanía los medios para participar de manera significativa en la vida pública.

El daño causado por la desinformación es real. La UNESCO estima que los casos individuales de desinformación pueden generar costos económicos y sociales de entre 350.000 y 510.000 millones de dólares estadounidenses al año, debido al debilitamiento de las respuestas de salud pública, la distorsión de procesos electorales, el retraso en la acción climática, las pérdidas financieras, el daño reputacional y la erosión de la confianza en las instituciones. La desinformación no es, por tanto, solo un problema de comunicación. Es un riesgo de gobernanza, un pasivo económico y una amenaza directa a la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas.

Los medios de servicio público y las organizaciones de noticias independientes son un contrapeso clave frente a este problema. Su mandato no es perseguir la interacción a cualquier costo, sino informar y servir a todas las audiencias. Pero enfrentan simultáneamente las presiones de audiencias fragmentadas, la disminución de la confianza, la injerencia política, las limitaciones financieras, la dependencia de las plataformas y la proliferación de contenido falso, sintético y manipulado. Su lucha por seguir produciendo periodismo de calidad no es una preocupación sectorial, es una preocupación democrática.

La respuesta debe incluir una inversión renovada en el periodismo de interés público, la independencia editorial, la verificación de datos, la verificación mediante fuentes abiertas, la alfabetización mediática e informacional, y la colaboración transfronteriza. Así como las falsedades viajan globalmente, quienes difunden un periodismo confiable deben cooperar de manera transnacional. El ecosistema informativo sería más pobre y mucho más frágil sin los medios de interés público, pero estos no pueden defenderlo solos.

En el Día Mundial de las Noticias y el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información, el desafío es concreto, y hacemos un llamado a todos los actores del espacio informativo para que hagan más:

• Los gobiernos deben hacer cumplir las leyes de acceso a la información y proteger la supervisión independiente. 
• Las plataformas y las empresas tecnológicas deben asumir plena responsabilidad por los espacios informativos que crean, en total conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
• Y las organizaciones mediáticas de todo tipo deben elegir siempre el rigor por encima del alcance.

La información fluida y confiable es un bien compartido. Pero depende de autoridades que protejan el acceso a la información, de periodistas que persigan la verdad por encima de todo, y del derecho de la ciudadanía a los hechos. El dividendo de la integridad es real, pero solo se paga cuando todos cumplimos con nuestra parte.