Apoyando los derechos humanos de personas migrantes en campamentos de cuarentena

Uno de los efectos de las medidas de emergencia destinadas a contener la propagación de la COVID-19 fue el confinamiento obligado sumado al cierre de fronteras, lo que dejó a muchos migrantes luchando por encontrar vías para volver a sus hogares y no quedar atrapados. Este fue el caso de Bolivia. El 25 de marzo, el Gobierno decretó una cuarentena total sin previo aviso, lo que dejó a miles de bolivianos que trabajan en países fronterizos como Chile atrapados en su carrera para llegar a casa. Muchos de estos migrantes, que habían perdido sus empleos en países fronterizos debido a las medidas de confinamiento, se vieron atrapados, esperando durante varios días seguidos en la frontera o en campamentos de cuarentena improvisados. “Los migrantes durante esta pandemia no solamente han de enfrentarse a los riesgos y amenazas que sufren habitual e históricamente, sino que también se ven expuestos al riesgo de contraer el virus, la discriminación, estigmatización, exclusión y los desalojos forzosos,” declaró Alán García, jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia. “Muchos bolivianos que habían migrado a países vecinos intentan ahora volver a su país, debido a que han perdido sus empleos y quieren volver con sus familias.” Jacier, un migrante de 19 años, fue uno de estos migrantes. “Me fui a Chile en busca de oportunidades de trabajo y para apoyar a mi familia. Ahora que he perdido mi empleo, estoy deseando ver a mi madre y ayudarla,” afirmó Jacier. Campamentos de incertidumbre El gobierno boliviano construyó campamentos de cuarentena a lo largo de las fronteras con diversos países que incluían Chile, Argentina y Brasil. El primero de estos campamentos se llamó Campamento Tata Santiago, situado en el distrito de Pisiga (Oruro-Bolivia) en la frontera con Chile. El Campamento Tata Santiago está situado a aproximadamente 3.695 metros por encima del nivel del mar, rodeado por los Andes y enclavado en un desierto. Casi 500 personas, incluyendo niños, población indígena, y personas con discapacidades, fueron alojadas en 66 tiendas del campo. “Al principio, la situación fue muy difícil debido a la falta de alimentación adecuada, agua y saneamiento, las condiciones de hacinamiento y la poca capacidad para poner en práctica las medidas de distanciamiento social necesarias durante la cuarentena”, señaló Jackeline Ruiz, oficial de derechos humanos de la misión técnica de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia. “Muchos no tenían seguro cuando iban a poder abandonar los campamentos; algunos tenían problemas de salud subyacentes y patologías que aumentaban su riesgo de contagio; otros muchos no podían comunicarse con sus familias”. En respuesta, Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas se coordinó con las autoridades nacionales y locales, así como con ONGs, para mejorar las condiciones en el campamento y proteger los derechos humanos de los migrantes. “Desde el primer momento de la creación del campamento, la misión técnica de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia ha estado presente en la apertura del campamento y para la comprobación inicial de la situación de los derechos humanos, y posteriormente formó parte del equipo de organizaciones que dan apoyo al mantenimiento y supervisión del campamento”, explicó Ruiz. La función principal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue la de reforzar el criterio de la asistencia basado en los derechos humanos. Ruiz trabajó en cuestiones sobre protección para garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niños y niñas y asegurar su dignidad e integridad dentro de los campamentos. Por ejemplo, difundió información sobre violencia de género y sobre la no discriminación, así como fomentó la participación activa de todos en las actividades de coordinación del campamento. “Agradezco a todas las autoridades y organizaciones que me cuidaron durante la cuarentena en el Campamento Tata Santiago, aunque el viaje para llegar a mi casa durara 27 días” señala Ariel, un residente de 20 años del campamento. El desafío para los regresados A través de la supervisión en remoto y la coordinación con diferentes participantes, la misión técnica de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio su apoyo a otros campamentos en Puerto Suárez, en Santa Cruz; y en Yacuiba, en Tarija; así como en centros de aislamiento temporal en La Paz. Estos campamentos de aislamiento temporal, los cuales se establecieron en la frontera con Argentina y Brasil, están actualmente cerrados o a punto de cerrarse. También se han creado centros de aislamiento temporal con el fin de dar apoyo a migrantes venezolanos en La Paz y otras ciudades. Además, el Gobierno ha coordinado albergues y otros refugios para dar cobijo a otros bolivianos procedentes de Perú, Estados Unidos y otros países. El Campamento Tata Santiago sigue operando, pero no está previsto que reciba a más migrantes nuevos en el futuro. A partir de ahora, el reto principal reside en asegurar la reintegración sostenible de los bolivianos que vuelvan a su país, declaró García, jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia. Esto incluye garantizar condiciones de vida adecuadas, acceso a cuidados de salud y otros servicios esenciales además de incluirlos en la respuesta nacional, la protección social y los planes de recuperación. Mónica estaba entre los primeros migrantes bolivianos que abandonaron Chile para intentar volver a sus casas. La joven de 28 años, que trabajaba en una granja de fresas, se encontró entre las primeras migrantes en ser alojada en el Campamento Tata Santiago. Tras llegar a casa con éxito, ahora se muestra preocupada por su futuro. “Espero que las autoridades me ayuden a recuperar mi vida en Bolivia, a quedarme con mi familia y a ayudar a otras personas en estos momentos tan difíciles” explicó. 10 de julio de 2020