Naciones Unidas sobre los incendios forestales en el Amazonas

La Paz, 24 de agosto (Naciones Unidas) – El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia manifiesta su preocupación por los incendios forestales que arrasan el patrimonio natural intangible de la Amazonia y que podría haberse perdido definitivamente.

Menos de una década resta para detener el daño irreversible del cambio climático. Somos la última generación que puede evitar daños irreparables al planeta, por lo que es necesario un enfoque intergeneracional para abordar este desafío. Una actuación colectiva y responsable es imprescindible para frenar esta tendencia.

2019 ha sido identificado como el año decisivo de la acción climática en todos los niveles, con el objetivo de que, en 2020, año de inicio de implementación de los compromisos alcanzados a nivel mundial a través del Acuerdo de París, sea el último año de aumento de emisiones de carbono debido a actividades humanas.

Debemos abordar esta emergencia global con ambición y urgencia, enfatizando que el cambio climático amenaza décadas de progreso en el desarrollo y la consecución de los compromisos internacionales planteados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los incendios forestales en la Amazonía, que hoy afectan cerca de 1.3 millones de hectáreas en Bolivia, Brasil y Paraguay, han generado pérdidas severas y quizás definitivas de biodiversidad, efectos en el ciclo hidrológico, aumento en la contaminación del aire, daños en la salud y pérdidas de medios de vida.

Este panorama impedirá el goce de derechos de la Madre Tierra y afectará todas las dimensiones del desarrollo y bienestar de las familias que habitan en el territorio, especialmente de pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños, entre otras poblaciones. Estamos frente a daños irrevocables a los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad y carecen de los recursos para adaptarse o recuperarse.

Los impactos ya se sienten a nivel global, dada la importancia mundial del Amazonas: el Observatorio Mauna Loa, en Hawái, indica que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha alcanzado el nivel más elevado registrado en cualquier otro momento de la historia.

Para contrarrestar estos impactos se requiere que los Estados lideren un proceso de recuperación y restauración ecológica y de medios de vida con medidas de corto, mediano y largo plazo. Los presupuestos nacionales deben incorporar, ahora más que nunca, recursos y criterios para la reducción del riesgo de desastres ecológicos, con el fin de evitar reversiones en resultados de desarrollo y asegurar niveles de sostenibilidad. Las inversiones para enfrentar este tipo de eventos coadyuvan a la construcción de ecosistemas de vida resilientes y amortiguan los impactos futuros del cambio climático.

Este proceso debe ser conducido tomando en cuenta las metas acordadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las recomendaciones del último Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y el vínculo directo que existe entre desarrollo, cambio climático y derechos humanos.

En vistas de la próxima Cumbre de Acción Climática, que se llevara a cabo en septiembre de este año en Naciones Unidas y que reunirá a todos los Estados, al sector privado, las autoridades locales y otras organizaciones, alentaremos a que las y los líderes mundiales presenten avances concretos y aumenten la ambición de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, sobre todo tomando en cuenta las lecciones que estos incendios en la Amazonía han evidenciado y que nos deben servir para evitar esta situación a futuro.

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia reconoce los esfuerzos del Gobierno de Bolivia mediante la conformación del Gabinete de Emergencia Ambiental y su respuesta para atender esta emergencia y pone a disposición del Estado Plurinacional de Bolivia el conocimiento y experiencia para recuperar y desarrollar sistemas productivos inclusivos y sostenibles afectados, así como para la evaluación de daños y acompañamiento del proceso de recuperación temprana de los medios de vida de las poblaciones afectadas y la gestión de un fondo extraordinario de recuperación de las zonas afectadas.