Naciones Unidas en Bolivia

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible— aprobada por los líderes mundiales en septiembre de 2015 en la cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Tomar acción

01 enero 2024

Modelos de Naciones Unidas

Los Modelos de Naciones Unidas son una simulación de tres de los seis órganos principales de la ONU y sus comisiones en un contexto académico. Estudiantes de colegios o universidades son los encargados de llevar a cabo la representación de la estructura original de la Organización.

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Publicación

04 diciembre 2024

Violencia y discapacidad en niñas y mujeres: una realidad latente

La violencia hacia mujeres y niñas constituye una grave violación de los derechos humanos a nivel global. Este fenómeno se agrava en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres y niñas con discapacidad, quienes enfrentan barreras sociales, económicas y culturales que exacerban su exposición frente a diferentes formas de violencia.En Bolivia las mujeres con discapacidad se enfrentan a una triple discriminación por su condición de género, discapacidad y, en una gran parte los casos, por su identidad indígena, siendo víctimas de múltiples formas de violencia física, psicológica, sexual y económica debido a construcciones socioculturales enraizadas en las comunidades y
sociedad en general.En ese sentido, ONU Mujeres, con el financiamiento de la Unión Europea, vienen implementando el proyecto Construyendo Municipios Más Justos para fortalecer acciones de prevención y transformación de patrones culturales en favor de una vida sin violencia y relaciones más equitativas entre hombres y mujeres.En ese marco, una de las iniciativas definidas es luchar contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad, estableciendo una alianza con la Fundación Educación y Cooperación - Educo, y la Fundación Machaqa Amawta, que tienen una sólida experiencia conjunta acumulada en la temática. Sin embargo, la información sobre la prevalencia de esta violencia en esta población es escasa, lo que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas y la promoción de sus derechos, convirtiéndolas en un grupo prioritario, no por la cantidad de casos identificados sino por ser una población altamente vulnerable.Por ello, se ha realizado el presente estudio sobre la situación de violencia contra las niñas y mujeres en situación de discapacidad en 92 municipios, principalmente de categorías A, B y C, distribuidos en los 9 departamentos del pais, siendo una señal muy clara de las cuatro instituciones que han llevado adelante esta iniciativa de estar asumiendo de manera firme el compromiso de "No dejar a nadie atrás" en el marco de la agenda desarrollo sostenible.

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Historia

06 enero 2026

Bolivia presenta su primer Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad

Elaborado por 13 instituciones del Estado y más de 250 voces provenientes de la policía, las Fuerzas Armadas, liderazgos indígenas y la sociedad civil, el nuevo Plan de Acción Nacional traza un camino transformador hacia la igualdad, la reforma institucional y el liderazgo de las mujeres en la prevención de conflictos y la construcción de la paz.“Muchas de nosotras enfrentamos una doble jornada: el servicio (trabajo) y el cuidado de la familia. Pero este plan es una esperanza. Nos ayudará a que la igualdad sea una práctica, no solo un discurso.” Mayor Pamela Villarreal, jefa de la Unidad de Género de la Policía Boliviana. En los cuarteles, comunidades e instituciones públicas, las mujeres bolivianas comparten una convicción común: la paz solo puede construirse cuando las mujeres participan de manera plena y e igualitaria. Esta creencia se encuentra en el centro del primer Plan de Acción Nacional “Mujeres, Paz y Seguridad” (PAN MPS) de Bolivia, un hito histórico construido por personal militar y policial, jóvenes, activistas y mujeres lideresas indígenas y comunitarias. Su mensaje colectivo es claro: transformar las instituciones y proteger los derechos de las mujeres y las niñas es esencial para construir una convivencia duradera en el país. Sin las mujeres, no es posible ninguna transformación.El Plan fue elaborado con la participación de 13 instituciones del Estado y mediante consultas con más de 250 personas, entre funcionarias y funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Como primer PAN-MPS de Bolivia, busca desmantelar las desigualdades estructurales y garantizar la participación plena y segura de las mujeres en la prevención de conflictos, la consolidación de la paz y la toma de decisiones para 2030.Entre sus prioridades se encuentran la promoción de una cultura de paz a través de la educación, la garantía de la participación equitativa de las mujeres en los esfuerzos de prevención y resolución, y fortalecimiento de su protección en contextos de crisis, ya sean en situaciones de conflictos o provocadas por el cambio climático. Asimismo, hace hincapié en la recuperación posconflicto, el acceso a la justicia intercultural y las reparaciones simbólicas.El proceso se inició en noviembre de 2024 y concluyó en octubre de 2025 con una presentación pública en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El PAN tiene una vigencia de cinco años y se espera que su implementación inicie en 2026. Es el resultado de un trabajo conjunto liderado por el Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo de la sociedad civil y de ONU Bolivia, a través de ONU Mujeres, en el marco de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Consolidación de una Cultura de Paz, con financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas. El liderazgo de mujeres para la paz Para la Mayor Pamela Villarreal, la elaboración del PAN-MPS marca un hito para las mujeres que sirven en la Policía Boliviana y en las instituciones de seguridad del país. Cuando habla de “una esperanza para que la igualdad sea una práctica, no solo un discurso”, resume el sentimiento de mujeres que, por primera vez, ven un instrumento nacional que refleja sus realidades cotidianas, las nombra y las coloca en el centro.Durante mucho tiempo, las mujeres bolivianas han asumido responsabilidades que sostienen la vida social: mediar disputas comunitarias, acompañar a víctimas, cuidar a sus familias y proteger sus barrios. El nuevo Plan de Acción reconoce estos aportes no como apoyos o cuidados informales, sino como trabajo esencial para la paz. Además, posiciona a las mujeres como agentes activas de cambio, incluso en instituciones tradicionalmente dominadas por hombres. Rompiendo barreras en la Policía Boliviana La Mayor Villarreal representa a una generación que impulsa el cambio institucional desde dentro.“Desde 2021, con la creación de la Unidad de Género y el apoyo de ONU Mujeres, comenzamos a abordar la igualdad de género de una manera diferente. Participar en la elaboración del PAN fue una experiencia de aprendizaje y de compromiso con las mujeres policías y con mujeres bolivianas”, señala.Villarreal es clara respecto a los desafíos que enfrentan las mujeres: discriminación, acoso laboral y sexual, y la carga del trabajo de cuidados no remunerado. Aunque las mujeres representan actualmente alrededor del 10 % del personal policial, la discriminación persiste y las brechas de liderazgo siguen siendo profundas: solo una mujer ha alcanzado el rango de Comandante General.“Muchas de nosotras enfrentamos una doble jornada: el servicio (trabajo) y el cuidado de la familia. Pero este plan es una esperanza. Nos ayudará a hacer de la igualdad una práctica, no solo un discurso”, enfatiza.Su visión es que la igualdad forme parte de la misión misma de la Policía: “Queremos que se implemente, que se socialice y que todas y todos los policías del país sepan que la igualdad también es parte de nuestra misión de servicio”. Mujeres en las Fuerzas ArmadasEl Coronel Franz Flores Avilés describe el proceso del PAN-MPS como desafiante y transformador.“Ha sido una evolución en nuestros conocimientos. Por primera vez planificamos junto a otras instituciones del Estado, analizando cómo se desempeñan las mujeres en distintos ámbitos de la administración pública y en los espacios de toma de decisiones”. Destaca también los aportes específicos de las mujeres militares, cuyos roles suelen combinar la vida familiar con el servicio institucional militar. A partir de este proceso, las Fuerzas Armadas iniciaron la elaboración de su propio plan de género, reafirmando su compromiso con la igualdad y con la construcción de una sociedad más pacífica. La voz de la sociedad civil: tejiendo alianzas para la pazPara los actores de la sociedad civil, el PAN-MPS representa un avance histórico en términos de visibilidad y reconocimiento.“Participar en la elaboración del primer PAN fue una oportunidad para visibilizar el impacto diferenciado que los conflictos tienen en la vida de las mujeres”, explica Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos. Ella recuerda cómo las mujeres periodistas han sufrido agresiones por razón de género, y cómo las mujeres indígenas y rurales sostuvieron grandes movilizaciones sociales mientras eran excluidas de las negociaciones. Las consultas permitieron que estas realidades ingresaran al debate nacional.Para Bayá, el PAN-MPS es más que una política pública: es un precedente, “un instrumento que obliga al Estado a escuchar, responder y actuar”. Una transformación profunda El PAN-MPS recoge las voces de mujeres que han vivido la desigualdad y han convertido sus experiencias en propuestas de cambio. Refleja las contribuciones de mujeres de distintos sectores —Fuerzas Armadas, Policía, liderazgos comunitarios y sociedad civil— y reconoce su derecho a hablar, opinar, liderar y transformar las relaciones de poder.Al crear mecanismos para denunciar la violencia, cuestionar jerarquías y proponer nuevas formas de servicio a las comunidades, el Plan representa un cambio estructural. Devuelve dignidad, autonomía y liderazgo a mujeres que durante mucho tiempo han sostenido la construcción de paz sin reconocimiento formal. Un compromiso nacional con la igualdadLa Representante Residente de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, resume la importancia del Plan:“Este instrumento desarrollado por el Estado Plurinacional es la base para avanzar hacia sociedades sostenibles. Ninguna sociedad puede progresar si vive en conflicto o desigualdad. Sin el cuidado de la vida, es imposible construir sociedades justas y sostenibles”. Y añade: “Para que exista paz, debe haber igualdad de condiciones y oportunidades. Es fundamental incluir a las mujeres en las conversaciones, los debates y las negociaciones para romper el patriarcado. Bolivia está dando un paso clave: reconstruir la convivencia sobre la base de la unidad y la igualdad”.Con su primer Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, Bolivia asume un compromiso histórico: una paz construida sobre la igualdad, con el liderazgo de las mujeres en el centro de la transformación nacional.

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Historia

18 diciembre 2025

Defensorías del Pueblo de la región apuestan por el diálogo y los derechos humanos para enfrentar la conflictividad social

Representantes de las Defensorías del Pueblo de Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia, junto a organismos internacionales y agencias del Sistema de las Naciones Unidas, se dieron cita en Santa Cruz, Bolivia para reflexionar colectivamente sobre cómo enfrentar la conflictividad social desde un enfoque de derechos humanos. El espacio de encuentro fue el Primer Encuentro Internacional de Defensorías del Pueblo, concebido como una apuesta regional por el diálogo, la prevención y la paz.El evento organizado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en el marco de la Iniciativa para la Consolidación de la Cultura de Paz en Bolivia implementada por ONU Bolivia a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD) y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF), representó un espacio de diálogo estratégico orientado a fortalecer la cooperación regional, promover la prevención de conflictos y construir respuestas pacíficas frente a escenarios sociales cada vez más complejos y polarizados.Durante el acto inaugural, autoridades del Sistema de las Naciones Unidas coincidieron en la urgencia de fortalecer a las instituciones nacionales de derechos humanos como actores clave para la mediación, la prevención de la violencia y la protección de las poblaciones más vulnerables. Se subrayó que la conflictividad social contemporánea está estrechamente ligada a desigualdades estructurales, crisis socioambientales y fracturas en la confianza entre el Estado y la ciudadanía. En ese marco, la Representante Residente del PNUD en Bolivia, Renata Rubian, destacó la relevancia fundamental del encuentro. “Este primer encuentro internacional es de suma importancia porque nos invita a reflexionar sobre la conflictividad social desde un enfoque de derechos humanos y abre un espacio de diálogo estratégico entre expertas, expertos e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para intercambiar buenas prácticas en la prevención, gestión y transformación de los conflictos”, señaló.Rubian resaltó “Este encuentro no solo celebra la cooperación entre instituciones; la profundiza, con la convicción compartida de que la prevención es la herramienta más poderosa para evitar la violencia y proteger la dignidad humana”. Añadió que “la paz es la capacidad de gestionar la conflictividad sin violencia, desde el respeto pleno a los derechos humanos. Ese es el compromiso que hoy nos convoca y el horizonte que, juntas y juntos, podemos fortalecer”.En la misma línea, el Subdirector del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena, fue enfático al señalar que, frente al incremento de las desigualdades y las crisis socioambientales, este tipo de espacios resultan fundamentales. “Cada país tiene experiencias y buenas prácticas que le pueden servir a otra institución, por eso este espacio es importante”. A su vez señaló que el compromiso de la OACNUDH es seguir trabajando con las instituciones de derechos humanos en Bolivia y los países de América del Sur, en el monitoreo, la prevención y la mediación basado en derechos humanos porque son herramientas sólidas al servicio de las personas. Por su parte, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, enfatizó que uno de los principales retos institucionales es preservar el tejido social. “Tenemos la tarea de tejer y re-tejer los valores de la fraternidad, apostando por el encuentro, el diálogo y la construcción pacífica de soluciones frente a los conflictos”, expresó.Las delegaciones internacionales, junto a expertas y expertos como Alejandro Nató (Argentina), Cécile Mouly (Francia), Mirna Cuentas (Bolivia) y Giselle Huamani (Perú), coincidieron en destacar el valor del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre defensorías. Subrayaron que la cooperación regional y la prevención de la conflictividad es clave para enfrentar desafíos comunes como la defensa de los pueblos indígenas, la lucha contra la violencia de género, la conflictividad ambiental y la garantía del acceso a la información y la justicia.Desde una perspectiva regional, el encuentro reafirmó la importancia del enfoque de derechos humanos como base para la gestión democrática de los conflictos y el rol estratégico del diálogo inclusivo para fortalecer la cohesión social y reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía.Este Primer Encuentro Internacional de Defensorías del Pueblo marca así un punto de partida hacia la consolidación de una agenda regional comprometida con la paz social, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la construcción de una Comunidad Sur más solidaria, resiliente y profundamente democrática.

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Historia

16 diciembre 2025

Bolivia conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con un llamado al diálogo y la inclusión social

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas, organizó el seminario; “Diálogo y Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Bolivia” en el Salón Tiwanaku de la Cancillería. El encuentro congregó a autoridades nacionales, representantes de la ONU, cuerpo diplomático, juventudes, organizaciones sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.El seminario tuvo como propósito fortalecer la comprensión, promoción y protección de los derechos humanos, a través de un espacio de formación, reflexión y diálogo democrático. Durante el acto inaugural, autoridades de la Cancillería, del Sistema de las Naciones Unidas reafirmaron el compromiso de Bolivia con un enfoque integral, intercultural y participativo de los derechos humanos, en armonía con la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el país. En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, destacó que el enfoque de derechos humanos está profundamente vinculado al horizonte del Vivir Bien. “Desde la perspectiva de los derechos humanos, no concebimos de manera abstracta el Vivir Bien, sino desde una visión de desarrollo integral y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, afirmó. Asimismo, subrayó que “desde la política exterior boliviana reafirmamos nuestra convicción de que el multilateralismo y el Sistema de las Naciones Unidas continúen siendo los espacios legítimos para la promoción y protección de los derechos humanos”.Por su parte, Anna Pont, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, enfatizó que conmemorar esta fecha va más allá de un acto simbólico. “No se trata solo de recordar un documento histórico firmado hace casi ochenta años. Se trata de preguntarnos si tenemos acceso a agua potable, si podemos expresar nuestras ideas sin temor, si las mujeres pueden transitar seguras por las calles, si las juventudes encuentran oportunidades para desarrollar su potencial o si respiramos aire limpio”, reflexionó. Pont destacó que, desde Naciones Unidas, la prevención es una apuesta estratégica para la paz sostenible. “Prevenir conflictos violentos implica fortalecer las instituciones, ampliar la participación ciudadana, reducir desigualdades y construir confianza entre el Estado y la sociedad. El diálogo inclusivo transforma las diferencias en oportunidades de entendimiento; espacios como este contribuyen a la cohesión social y a consolidar una cultura de paz”, señaló, remarcando que “los derechos humanos no son abstractos: son nuestras necesidades cotidianas”.El programa incluyó exposiciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Defensoría del Pueblo, que abordaron el marco normativo internacional y la situación de los derechos humanos en Bolivia. Las temáticas tratadas incluyeron los derechos civiles, políticos y económicos, así como los derechos ambientales, sociales y culturales, complementadas con un espacio de intercambio y diálogo con las y los participantes.La actividad fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en el marco de la Iniciativa de Consolidación de la Cultura de Paz en Bolivia, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF).

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Historia

15 diciembre 2025

Informe 2024 registra la erradicación de 10.000 hectáreas de coca y establece la base técnica para la planificación de 2025

El Estado Plurinacional de Bolivia dio a conocer los resultados del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado con acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que consolida información objetiva y validada internacionalmente sobre la dinámica de los cultivos de coca en el país.Según el informe, durante la gestión 2024 la superficie cultivada con hoja de coca alcanzó aproximadamente 34.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 10% respecto a la gestión 2023. Estos resultados corresponden a la ejecución del gobierno anterior y permiten contar con una línea de base confiable para orientar las acciones del Estado en el corto y mediano plazo. En el ámbito de la erradicación y racionalización de cultivos, Bolivia reportó la eliminación de 10.001 hectáreas de cultivos de coca. De este total, la UNODC validó el 23% mediante acompañamiento en campo y análisis de la información generada por las instancias nacionales, fortaleciendo la transparencia y credibilidad de los datos reportados.El monitoreo evidencia avances en la protección del medio ambiente, con una reducción del 12% de cultivos de coca en Áreas Protegidas. Se registraron disminuciones significativas en el Parque Nacional Amboró (55%), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (16%), el Parque Nacional Carrasco (14%) y el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba (4%). No obstante, el informe identifica incrementos de superficie cultivada en zonas específicas como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con aumentos que oscilan entre el 12% y el 39%, lo que subraya la necesidad de una intervención más focalizada. Las tareas de erradicación y control territorial se desarrollaron con participación de las Fuerzas Armadas, en el marco de operativos complejos orientados a resguardar zonas sensibles y apoyar la aplicación de la normativa vigente.La información validada internacionalmente contenida en el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024 constituye un insumo fundamental para proyectar la planificación de la erradicación en la gestión 2025, con un enfoque estratégico centrado en la protección del medio ambiente, el control de cultivos excedentarios y el respeto social a las áreas legalmente autorizadas para la producción de coca, fortaleciendo una política equilibrada y responsable.

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Historia

10 diciembre 2025

Derechos humanos para afrontar nuestros mayores desafíos

Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional conmemora el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, el sistema universal ha construido una sólida arquitectura normativa, que incluye nueve tratados vinculantes que obligan a los Estados a garantizar derechos en ámbitos específicos.Este día nos recuerda que los principios que celebramos no son simples abstracciones jurídicas: son herramientas concretas para enfrentar los desafíos más complejos de nuestras sociedades. Allí donde existen tensiones políticas, crisis de confianza institucional o heridas abiertas por episodios de violencia, los derechos humanos ofrecen un camino basado en la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Sin estos pilares, ninguna democracia puede renovar su legitimidad ni reconstruir la cohesión social.En América Latina, la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia sigue siendo una constante. En muchos países, los procesos por graves violaciones de derechos humanos permanecen frágiles o interrumpidos, enviando un mensaje equivocado a las víctimas y a la sociedad. Apostar por instituciones judiciales independientes, capaces de actuar sin presiones y con total transparencia, es indispensable para cerrar ciclos de impunidad que erosionan la confianza pública.Otro desafío común en la región es la situación de las personas privadas de libertad. El hacinamiento estructural, el uso excesivo de la prisión preventiva y los servicios penitenciarios desbordados generan vulneraciones profundas. Humanizar las políticas penitenciarias no es un acto de benevolencia: es una obligación jurídica y una condición básica para fortalecer el Estado de derecho. Las tendencias hiper-punitivas perpetúan la crueldad y, además, no funcionan. Las cárceles con condiciones inhumanas no cumplen su rol de rehabilitación ni reducen la reincidencia. Quien pierde es la sociedad en su conjunto.En toda América Latina, la igualdad y la no discriminación exigen políticas que respondan a las necesidades y aspiraciones de los Pueblos Indígenas. La protección de sus territorios, culturas y formas de vida es inherente al bienestar colectivo. Estas obligaciones se vuelven más urgentes ante retos ambientales graves, como la contaminación por sustancias peligrosas o la explotación de recursos estratégicos sin procesos adecuados de consulta. En este sentido, la defensa del medio ambiente debe asumirse como requisito para garantizar derechos hoy y para las generaciones futuras, apostando por un desarrollo más democrático, inclusivo y sostenible.Bolivia no está ajena a estos desafíos. La respuesta a todos ellos no está en restringir derechos, sino en avanzar hacia más democracia y un mayor respeto por los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación. Las normas internacionales -y su matriz, la Declaración Universal- son un faro que puede guiarnos hacia sociedades más justas, cohesionadas y en paz. Este 10 de diciembre, renovemos nuestro compromiso con los derechos humanos.

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Comunicado de prensa

26 noviembre 2025

ONU Bolivia recomienda acciones para detener la violencia digital contra mujeres y niñas

La Paz, 26 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los16 días de activismo contra la violencia de género, la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) reconoce que la violencia digital se está intensificando a escala mundial, afectando desproporcionadamente a mujeres, adolescentes y niñas, quienes carecen de protección jurídica frente a esta nueva expresión de la violencia en línea. Este año, la campaña global ÚNETE exige un mundo en el que la tecnología sea una herramienta para la igualdad y el empoderamiento, no un espacio de daño y discriminación, como es la violencia facilitada por la tecnología.Actualmente, la violencia digital, adopta múltiples formas y se expresa de manera diferente en las distintas etapas de la vida de las mujeres: acoso en línea, ciberacecho, doxeo (revelación de información personal), difusión no consentida de imágenes, deepfakes, desinformación de género y otras prácticas que buscan silenciar, intimidar y controlar a mujeres, adolescentes y a las niñas. La expansión de estas violencias se ve potenciada por el anonimato, la ausencia de leyes eficaces y el uso malintencionado de tecnologías como la inteligencia artificial.Datos de la UNESCO muestran que 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. De acuerdo con datos del Banco Mundial, menos del 40% de los países cuenta con leyes que protegen a las mujeres del ciberacecho o del ciberacoso, lo que deja a millones de de mujeres y niñas en el mundo sin ninguna protección jurídica frente a estos delitos. La violencia digital que sufren las niñas y adolescentes es particularmente dañina porque ataca en una etapa crucial de formación de identidad y desarrollo emocional.Las mujeres que ejercen liderazgo —incluidas periodistas, políticas, empresarias y defensoras de derechos humanos— enfrentan ataques especialmente graves. Se registran deepfakes, acoso coordinado y campañas de desinformación basadas en estereotipos de género cuyo objetivo es expulsarlas de los espacios digitales y, en muchos casos, de la vida pública. A nivel global, una de cada cuatro periodistas reporta amenazas de violencia física en línea, incluidas amenazas de muerte.Aunque persisten graves brechas, algunos países como Bolivia, han avanzado con reformas relevantes, como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Hasta 2025, 117 países reportaron iniciativas para combatir la violencia digital; sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo fragmentados y no responden a la naturaleza transnacional del problema.Los sistemas judiciales continúan insuficientemente equipados, las denuncias son escasas y las plataformas tecnológicas rara vez rinden cuentas, especialmente ante los abusos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial. Para contrarrestar esta problemática, es necesario:Promover marcos legislativos que aborden la violencia de género facilitada por tecnología, a través de asignación presupuestaria suficiente para su efectiva implementación y rendición de cuentas.Invertir en prevención, alfabetización digital, seguridad en línea y programas que enfrenten las normas sociales de género desiguales y las dinámicas de poder.Desarrollar programas y servicios de respuesta centrados en las sobrevivientes para combatir la violencia digital a lo largo de la vida y asegurar su protección y el acceso a la justicia.Exigir al sector tecnológico respeto y responsabilidad con los derechos humanos, adoptando medidas como la moderación de contenidos, transparencia algorítmica y mecanismos efectivos de reporte y respuestas eficientes a denuncias de violencia facilitada por la tecnología, en el marco de estándares éticos. Hasta que el espacio digital sea seguro para todas las mujeres y niñas, la igualdad real seguirá siendo inalcanzable. ONU Bolivia reafirma su compromiso con la construcción colectiva de entornos digitales libres de violencia, inclusivos y seguros para todas las personas, donde todas las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos.

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Comunicado de prensa

17 junio 2025

Comunicado del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia

La Paz, 17 de junio de 2025.- El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en referencia al informe “Puntos críticos sobre el hambre: Alertas tempranas sobre la inseguridad alimentaria aguda. Perspectiva de junio a octubre de 2025” (Hunger Hotspots: FAO-WFP [1] Early Warnings on Acute Food Insecurity June to October 2025), publicado el 16 de junio de 2025, aclara lo siguiente:El informe conjunto ofrece un análisis prospectivo sobre las tendencias y factores que potencialmente influenciarán la inseguridad alimentaria aguda en el mundo, entre junio y octubre de 2025.El informe no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en Bolivia. Cabe indicar que hambruna es un término técnico con criterios específicos como la proporción de población con hambre extrema, emaciación infantil y tasas de mortalidad, criterios que no aplican en el caso boliviano.El informe identifica 13 países donde la situación del hambre está empeorando, incluyendo cinco con riesgo inmediato de hambruna: Sudán, Palestina, Sudán del Sur, Haití y Mali. El Estado Plurinacional de Bolivia no figura entre los 13 países de mayor preocupación de inseguridad alimentaria.El Sistema de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y socios, reconocen los esfuerzos del país, el compromiso del gobierno nacional en la materia y mantendrán su apoyo a las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la producción agropecuaria, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.-----------------[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA, WFP en sus siglas en inglés).

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Comunicado de prensa

23 enero 2025

"Regular el discurso de odio en línea para evitar daños no equivale a censurar"

El anuncio reciente de Meta de que va a revisar sus políticas sobre moderación de contenidos y verificación de los datos debería alarmar a todas aquellas personas a las que les preocupa la libertad de expresión. Aunque estos pasos van dirigidos a proteger la libertad de expresión, resultarán afectando a muchas personas y comunidades. Meta anunció que va a examinar su proceso de moderación automática de contenidos para limitar exclusivamente lo que denomina violaciones de extrema gravedad, como aquellas relacionadas con el terrorismo. Este hecho sumado a políticas adoptadas por otras empresas, entre las que se incluyen Telegram y X (anteriormente conocida como Twitter), provocará probablemente que emerjan contenidos mucho más ofensivos y llenos de odio en algunas de las plataformas de redes sociales de mayor tamaño del mundo. Algunos de estos contenidos irán dirigidos contra comunidades marginadas, entre las que se incluyen las personas LGBTIQ+, los refugiados, los migrantes, así como minorías de todo tipo. Esto conducirá a que estas comunidades terminen abandonando estas plataformas, lo que limitará su visibilidad, les aislará aun más, y terminará reduciendo su libertad de expresión. En un sentido más amplio, todos estos cambios conllevarán daños que irán más allá de personas y grupos específicos. La libertad de expresión requiere no solo que las personas puedan ser capaces de expresar sus puntos de vista, también debe suponer que las personas puedan buscar y recibir ideas e información. Unas plataformas de redes sociales con una regulación insuficiente restringen esta libertad de varias maneras. Al silenciar a algunas personas y comunidades, se limita el alcance de información disponible para todo el mundo. Y al permitir que proliferen las mentiras y la desinformación, enturbian el propio entorno donde se recibe información. Difuminan la línea que separa los hechos de la ficción, fracturando a las sociedades y erosionando el espacio público, tan necesario para el debate abierto, el cual se basa en hechos y en una interpretación básica y común de la realidad. El considerable incremento en el volumen de contenido sin moderar y de discurso de odio que se producirá a raíz de estos cambios será dañino en todo momento. Y sobre todo podría tener consecuencias especialmente desastrosas en tiempos de conflictos, crisis, y campañas electorales, lo que afectará a cientos de millones de personas independientemente de si son usuarios o no de estas plataformas. Acabo de volver de Siria, donde fui testigo de la toxicidad que destila la desinformación por venganza, la cual conduce a actos de violencia. De hecho, en 2018, la propia plataforma Facebook reconoció que no había hecho lo suficiente para prevenir que su red fuera usada para fomentar la división e incitar a la violencia contra los Rohingya en Myanmar. Facebook reconoció que puede y debe mejorar a este respecto. Existen otros ejemplos parecidos. Campañas electorales en todo el mundo han demostrado también que la ausencia de gobernanza basada en derechos en los entornos donde operan las redes sociales puede crispar la cohesión social y distorsionar la toma de decisiones democrática. Durante los últimos años, en campañas electorales en Brasil, Kenya, Moldova y Rumanía, ha habido denuncias de difusión de desinformación y contenidos con mensajes de odio en plataformas de redes sociales. En tales circunstancias, resulta fundamental que las empresas lleven a cabo procesos de diligencia debida en derechos humanos, y que los Estados aseguren que los espacios de debate en línea y fuera de línea sigan siendo libres y abiertos para todo el mundo. La moderación de contenidos no es fácil, y puede ser un asunto controvertido. Mi Oficina ha hecho sonar la alarma en casos de una aplicación demasiado estricta, por ejemplo, cuando los Estados han hecho uso de leyes y políticas para silenciar voces discrepantes e impedir la llegada de material no deseado al dominio público. Además, por citar solo un ejemplo, varias organizaciones de la sociedad civil documentaron recientemente la eliminación de material sobre derechos de la población palestina en plataformas de redes sociales. No obstante, regular el discurso de odio en línea y moderar los contenidos para evitar daños reales no equivale a censurar. Representa un elemento esencial para la integridad de la información en la era digital, además de ser responsabilidad de las plataformas de redes sociales. La comunidad internacional cuenta ya con un marco que nos guíe a través de estas cuestiones: la normativa internacional de derechos humanos. Este conjunto de normas y reglas acordadas tiene por objeto precisamente proteger todas las libertades, para todas las personas, a la vez que previene la incitación al odio y la violencia. Es un conjunto universal, dinámico, y puede adaptarse a cuestiones emergentes.Los derechos humanos no pueden ser tema de debate ni están abiertos a una nueva definición. Nuestra libertad de expresión se ganó, mediante años de protestas contra la censura y la opresión. Debemos permanecer alertas para salvaguardarla. Esto supone abordar la incitación al odio y la violencia cuando esta vulnera la ley, así como proteger el derecho de todo el mundo al acceso a información, para que de ese modo las personas puedan buscar y recibir ideas provenientes de una amplia gama de fuentes distintas. Las lecciones aprendidas en años recientes son claras: las plataformas que permanezcan ciegas a la violencia y que ignoren las amenazas que se ciernen sobre periodistas y personas defensoras de derechos humanos inevitablemente socavarán la libertad de expresión. Una gobernanza efectiva de los contenidos debe dar prioridad a la transparencia, la responsabilidad, y facilitar la capacidad de cuestionar las decisiones que afecten a la moderación de contenidos. Ha de tener en cuenta el contexto, los matices que implican los idiomas locales, y quién está controlando los contenidos y su distribución. En resumen, debe tener en consideración un entorno más amplio de la información. Una gobernanza efectiva de los contenidos en línea solamente podrá producirse a partir de debates abiertos, constantes y bien informados en toda la sociedad. Mi Oficina seguirá demandando y trabajando en pro de la rendición de cuentas en el espacio digital, de conformidad con la normativa de derechos humanos. Los derechos humanos deben servir como nuestra brújula para salvaguardar el discurso público, generar confianza y proteger la dignidad de todas las personas.

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Comunicado de prensa

26 junio 2024

Naciones Unidas hace un llamado a la defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos en Bolivia

La Paz, 26 de junio de 2024.- La Oficina de Naciones Unidas en Bolivia expresa su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que amenazan la estabilidad democrática del país. Hacemos un llamado urgente a todos los actores de la sociedad boliviana, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a actuar con responsabilidad, mesura y apego a los valores democráticos que han sido arduamente construidos y defendidos a lo largo de los años.Exhortamos a la preservación de un clima de paz y la garantía de los derechos humanos, recordando la importancia de resolver las diferencias a través de los mecanismos institucionales y democráticos establecidos. La democracia se fortalece mediante la participación y el respeto a las normas que rigen la convivencia pacífica. Es momento de que todos los actores eviten discursos y acciones que puedan exacerbar las tensiones.A la ciudadanía boliviana le pedimos mantener la calma y actuar con prudencia. La paz social y la estabilidad del país dependen de la capacidad de todas y todos para enfrentar las dificultades con serenidad y firmeza en los valores democráticos. La Oficina de Naciones Unidas en Bolivia reitera su disposición para apoyar al país en estos momentos difíciles y su compromiso para facilitar el diálogo y asegurar que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los bolivianos y bolivianas. Recordamos que la paz, la democracia y los derechos humanos son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar.

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