Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe

Este documento ha sido elaborado como parte del proceso de preparación del septuagésimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), cuyo tema prioritario es la garantía y fortalecimiento del acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas. El informe contribuye a los debates a nivel regional y global, con información sobre los avances, los obstáculos y las tendencias en los países de América Latina y el Caribe, y los aportes de la sesión especial de consulta regional previa al 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se realizó en el marco de la 67º Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe.

A más de treinta años de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los compromisos relativos a la igualdad ante la ley y al acceso a la justicia conservan plena vigencia. La Plataforma reconoció, en consonancia con el derecho internacional de derechos humanos, el acceso a la justicia como un derecho fundamental y una condición para la igualdad sustantiva, instando a eliminar leyes discriminatorias, fortalecer las instituciones judiciales, garantizar asistencia jurídica efectiva y asegurar mecanismos de reparación y protección. Tres décadas después, a pesar de los avances, persisten importantes brechas estructurales y obstáculos institucionales que limitan el ejercicio efectivo de este derecho. Reafirmar la centralidad del acceso a la justicia es, por tanto, un paso necesario para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad.

En América Latina y el Caribe existe un marco consolidado que define estándares claros para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, interseccionalidad y debida diligencia. En efecto, la región llega a esta discusión con una trayectoria propia y significativa, normas jurídicas robustas y políticas pioneras que colocan el acceso a la justicia en el centro de la garantía de los derechos humanos. Al mismo tiempo, enfrenta desafíos persistentes. Pese a los avances en términos de igualdad formal, la desigualdad y, en particular, la desigualdad de género continúa siendo un fenómeno estructural que se reproduce y refuerza en el tiempo². La discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas no son hechos aislados, sino expresiones de los nudos estructurales de la desigualdad de género. Existe un continuum entre desigualdad, discriminación y violencia, en el que estos procesos se alimentan y perpetúan, limitando de manera sistemática el ejercicio efectivo de los derechos, incluido el acceso a la justicia.