Diálogo y consolidación de la paz, una tarea continua

El 2021 encuentra al país en un proceso de construcción de un nuevo horizonte de desarrollo después de una de las crisis sociopolíticas más profundas desde la recuperación de la democracia. El complejo escenario que vivió Bolivia en 2019, caracterizado por una crisis de gobernabilidad, unida a una alta polarización de los actores, hechos de violencia y afectación de derechos humanos puso en vilo al sistema democrático en su conjunto. En este contexto, resultó urgente instaurar canales y vías de diálogo para la reinstalación de la convivencia social y democrática. Su consolidación es una responsabilidad colectiva que será gradual y no exenta de dificultades, en las dimensiones políticas, económicas, sociales; lo que en definitiva requiere del concurso y esfuerzo de todas y todos los bolivianos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no quedó ajena a este compromiso dado que se movilizaron todos los recursos a su alcance para cumplir con el mandato de promover la paz, el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas, y el ejercicio pleno de la ciudadanía en un contexto de suma conflictividad. Su aporte se materializó en la designación del Enviado Personal del Secretario General para Bolivia quien, conjuntamente con las agencias del Sistema ONU en el país, apoyaron los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis política. Como resultado del consenso nacional forjado en noviembre de 2019, sobre la necesaria electoralización del país como eje principal para su pacificación duradera, ONU Bolivia, en coordinación con otros actores de la comunidad internacional, impulsó un programa de consolidación de paz con el propósito de acompañar los esfuerzos priorizados por los actores nacionales en la búsqueda de una salida pacífica y democrática a través de la celebración de elecciones transparentes e inclusivas. Respondiendo a los distintos mandatos de sus agencias, la ONU brindó asistencia técnica para el fortalecimiento institucional electoral. A ello se sumaron acciones para el monitoreo de derechos humanos, con especial atención a los derechos políticos y la igualdad de género, así como el apoyo al diálogo sociopolítico intercultural y regional.

La reconducción institucional culminada en las elecciones ha abierto una nueva perspectiva en la agenda del desarrollo en el país. Hoy se suman no solo los retos de consolidación del escenario político, sino también la reflexión sobre temas cruciales como la recuperación económica ante los impactos de la pandemia del COVID-19, la mejora en la prestación de servicios como la educación y la salud, los cuales precisan mayor resiliencia ante contingencias excepcionales, además de la recuperación de los niveles de vida de las y los bolivianos que se vieron afectados por los efectos de la crisis sanitaria. Estos nuevos desafíos se unen a los retos estructurales de larga data, tales como la transformación del patrón de crecimiento económico, la preservación y mejora acelerada de los logros sociales alcanzados, las reformas institucionales,

incluida la justicia, así como el cuidado del medio ambiente ante los efectos del cambio climático.

Encarar esta agenda, sin embargo, requiere no solo de la experticia en el diseño y gestión de intervenciones de política pública, sino también de un contexto de estabilidad, diálogo y acuerdo entre los diversos actores de la sociedad. Las distintas miradas de los sectores sociales, económicos y políticos deben combinarse en una interacción que permita acordar las prioridades del desarrollo, vinculadas a los retos del país en materia política, económica y social. En estos espacios es imprescindible escuchar las voces, necesidades y preocupaciones de las personas, como también recoger importantes insumos que abran oportunidades de trabajar una agenda conjunta con las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia están comprometidas con la construcción de estos espacios de encuentro. No hay tiempo para el escepticismo o la claudicación. Experiencias nacionales e internacionales indican que aún en contextos de alta complejidad y polarización la construcción de una convivencia pacífica es posible. Ello supone crear un clima de pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, limitar las expresiones de odio y discriminación, y velar por la inclusión de los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática va de la mano con una sociedad civil vibrante y partícipe en las decisiones de prioridad nacional.

Queda claro que los avances del país en la reconducción de la ruta del desarrollo han tenido importantes logros, pero la tarea de mejora en las condiciones de vida y convivencia pacífica no se agota ahí. Es un proceso de interacción constante que apunte hacia un horizonte común de país. En este punto, es importante hacer un llamado a mirar al pasado de forma responsable, al futuro colectivamente y abordar los desafíos que implica encaminar las voluntades individuales e institucionales a un proceso de reencuentro entre bolivianas y bolivianos. Las claras rupturas, heridas y desconfianza que persiste entre los actores, sumadas a la crisis sanitaria y económica que han profundizado las desigualdades, comprometen al Sistema de NNUU a seguir acompañando de manera sustantiva al proceso democrático y de pacificación del país.

(*) En celebración del 76 aniversario de Naciones Unidas, ONU Bolivia en octubre publica una serie de artículos para reflexionar temáticas importantes para el país en el camino de la recuperación pospandémica.

(*)Equipo país de ONU Bolivia (*