Actuar contra la violencia hacia mujeres y niños

En septiembre de este año el municipio de Cotoca se tiñó de fatalidad. Dos mujeres, madre e hija, perdieron la vida en manos de quien fue su esposo y padrastro, días después el agresor se quitó la vida. Como consecuencia de este hecho, cuatro niños quedaron en la orfandad y terriblemente afectados ya que presenciaron el asesinato de su madre y hermana. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó que hace 10 años el autor del doble feminicidio intentó matar a su anterior pareja y procuró quitarse la vida.

Este no es un caso aislado. Hechos similares de violencia hacia las mujeres y la niñez en el país se repiten con una regularidad aterradora. Bolivia tiene una de las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres en América Latina, solo superada por Honduras, El Salvador y República Dominicana, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. En lo que va de este año, son 90 los feminicidios y 31 los infanticidios suscitados en el país. Con estas cifras, la violencia que diariamente viven mujeres, niñas, niños y adolescentes adquiere carácter de emergencia nacional.

La Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, que entró en vigencia en marzo de 2013, marca el inicio de un cambio de modelo en la concepción y el abordaje de la violencia de género en Bolivia. Esto tiene que ver, por un lado, con la tendencia internacional de adecuarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y por otra, con una consecuencia histórica de la lucha de las mujeres que demandan al Estado una norma, de características integrales, que supere la “violencia intrafamiliar” y que dé respuestas estructurales a un delito público que se repite impunemente todos los días.

Ocho años después, a pesar de varios esfuerzos institucionales derivados de esta ley, la situación de violencia contra las mujeres en el país no se ve impactada de manera considerable. La brecha entre la norma y la realidad obedecen a varios factores: culturales, sociales, institucionales, de coordinación y económicos, entre otros.

La encuesta de prevalencia de violencia de 2016 refleja que 74% de las mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida; muestra también que el fenómeno de la violencia no solamente es multicausal, sino también está influido por factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales, que acompañan el comportamiento violento, traspasando ámbitos entre las personas, la familia, la comunidad y la sociedad.

Es imprescindible abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral, que ofrezca posibilidades de cambios institucionales, culturales, sociales y normativos. Cambios que implican poner el respeto a los derechos de las mujeres en el centro de las transformaciones tendientes a una distribución más igualitaria de poder y recursos entre los géneros.

La violencia de género, además de los daños físicos y psicológicos que generan en las víctimas directas, tiene repercusiones particularmente graves para las niñas y niños que viven en hogares donde ésta es un fenómeno habitual. En la actualidad se considera que las niñas y niños que son testigos de violencia, a la larga también pasan a ser niñas y niños golpeados, debido a que presentan la misma sintomatología psicológica que los que sufren maltrato directo. Los niños y niñas dependen emocional y afectivamente de sus padres, y tienden a imitar los roles y las conductas que observan, debido a lo cual en el futuro pueden tener dificultades para establecer relaciones afectivas diferentes a las conocidas en su infancia.

Uno de los principales factores que impide al Estado boliviano dar una respuesta efectiva a la violencia contra la niñez, adolescentes y mujeres es la falta de presupuestos públicos adecuados. Con presupuestos suficientes se podría avanzar en la prevención, atención y restitución de derechos. Se podría contar con medidas focalizadas, recursos humanos especializados y suficientes, infraestructura, tecnología, calidad en los programas y servicios en función de las necesidades de las mujeres y la niñez.

Es evidente que en el nivel local, entidades como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) atraviesan serias limitaciones para poder dar respuesta a la demanda de la población. De manera similar, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tiene una cobertura de acción limitada por falta de recursos presupuestarios; por otra parte, las Fiscalías Especializadas solo funcionan en las capitales de las ciudades y en algunos municipios intermedios, así como el Instituto de Investigación Forense se encuentra solo en algunas ciudades capitales. Estos hechos configuran la radiografía de un Sistema de Protección Contra la Violencia que requiere una mejor asignación presupuestaria y de gestión para poder brindar servicios eficientes y de calidad.

Según información extraída del presupuesto institucional de gasto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los municipios capitales de departamento y El Alto, la asignación presupuestaria de 2021 para las DNA, los SLIM y el fortalecimiento de la FELCV asciende a Bs 98,9 millones, monto que equivale en promedio a 1% del presupuesto institucional. Esta proporción resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, que requiere acciones en materia de atención integral a las víctimas, pero fundamentalmente de programas de prevención de violencia en la sociedad.

A pesar de los importantes avances normativos e institucionales en Bolivia para priorizar las políticas de prevención y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el país sigue inmerso en una problemática compleja que debe ser tratada con prioridad; se hace urgente dar solución a este problema, que se ha cobrado tantas vidas.

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas, junto a socios institucionales y de la sociedad civil, viene desarrollando una estrategia dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención, atención y restitución de los derechos de las víctimas de violencia en el país. Son numerosos los esfuerzos para avanzar en este gigantesco desafío; sin embargo, es imprescindible lograr una articulación más eficiente y coordinada de los mismos, para amplificar resultados y cubrir vacíos de información, de gestión y de presupuesto. Sin olvidar la responsabilidad ciudadana de denunciar y condenar cualquier forma de violencia contra mujeres y niños, en sus hogares y en los ámbitos públicos. La gravedad de la situación requiere una acción colectiva de emergencia.

Equipo país de ONU Bolivia